Bravo por la actitud firme de la APM ante todo esto, aunque no deje de ser un lobby empresarial más que vela por sus propios intereses, como cualquier otro. Pero en este caso salimos todos beneficiados -o lo saldremos a la larga si la codicia no impera entre los organizadores.

El pasado viernes, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia se pronunció y dijo que la SGAE había obrado mal. Que sus tarifas sobre la recaudación de los conciertos eran abusivas y una clara muestra de obstaculización a la competencia. O lo que es lo mismo, un monopolio implícito que desde hace muchos años trae de cabeza a los promotores musicales del país, especialmente a aquellos con un cierto volumen de actividad.

¿Como funciona la SGAE? Cobrando un 10% de la taquilla de cualquier concierto en concepto de derechos de autor, previa emisión de licencia para su celebración. El importe ese 10% sobre el total de entradas puestas a la venta debe adelantarse a SGAE y a posteriori, el promotor del concierto debe informar de cuantas entradas se han vendido para que la SGAE le abone la diferencia. Un impedimento más en un mundo, el de la música en directo, que se encuentra tocado en años recientes por una mezcla de políticas fiscales y culturales que no han ayudado en absoluto.

Después de una gira de una banda, su entidad gestora de derechos de autor debe reclamar a cada una de las sociedades de autores de los países por los que ha pasado la gira las cantidades correspondientes a los derechos de autor generados, lo cual supone en muchos casos el único beneficio que los músicos sacan de las giras junto con el merchandise, especialmente a los niveles habituales de la escena del rock duro y el heavy metal, donde los conciertos para 10.000 personas en grandes recintos son cada vez menos habituales. Pero ¿cuál es el problema de SGAE? La cifra, un colosal 10%. En lugares como el Reino Unido, el porcentaje es de un 3%, mientras que en Alemania, según la Asociación de Promotores Musicales, varía entre un 5% y un 7%. Si a ello le sumamos el puñetazo del IVA al 21%, estamos hablando de que las entradas para conciertos sufren un recargo del 31% que fácilmente podría ser sólo del 13%: un 3% de SGAE y un 10% de IVA. Donde pagáis 40 Euros por ver a una banda de peso medio podríais pagar fácilmente un 18% menos, aproximadamente.

Vaya por delante que una sociedad gestora de los derechos de autor es totalmente necesaria para defender los intereses de los músicos y velar por la gestión de los derechos que genera la música. Cuando en internet ciertas plataformas se llenan la boca diciendo que todo es un robo y una estafa y que descargar música es perfectamente legal, me da la risa. Obviamente, la SGAE y su actitud de pleiteo continuo no ha ayudado, así como su chulería y prepotencia ante quienes realmente mueven este negocio hoy en día, que son los promotores de conciertos. Habría sido mucho más práctico por su parte (y por parte de la industria discográfica) educar a la gente sobre el porqué de las cosas, así como corregir actitudes perniciosas en su seno, algo que la justicia ha ido haciendo en años recientes, consiguiendo que los anti-SGAE se reafirmen en sus actitudes y haciendo la bola de nieve más grande si cabe. Lo que viene siendo una pésima gestión de un conflicto, vaya.

Era hora pues, de que alguien pusiese cordura en el asunto y ha tenido que ser la CNMC, que además ha impuesto una multa superior a tres millones de euros a la sociedad gestora. Alguien tenía que hacerles bajar del burro y hacerles ver que la actitud llevada hasta ahora tan solo perjudicaba a un negocio que es el que les da de comer y mantiene a flote. Y aunque en años recientes -especialmente desde la destitución de Teddy Bautista- parecen haber suavizado posturas muy discretamente, cualquiera que se haya dedicado a organizar conciertos en este país puede explicar varias historias de terror sobre como un delegado de zona de la entidad podía hundirte en la miseria cancelándote un concierto por no pasar por su aro.

Bravo por la actitud firme de la APM ante todo esto, aunque no deje de ser un lobby empresarial más que vela por sus propios intereses, como cualquier otro. Pero en este caso salimos todos beneficiados -o lo saldremos a la larga si la codicia no impera entre los organizadores. Porque ahora la pelota está en su campo. La SGAE tiene tres meses para negociar mejores condiciones en su trato con los organizadores de conciertos, pero si estos no repercuten esas mejoras en los precios finales de las entradas, no habremos avanzado nada.

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